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Subsidio para emigrantes retornados en España

El subsidio para emigrantes retornados en España es una prestación de tipo asistencial no contributiva prevista en los artículos 274 y 275 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la Ley General de la Seguridad Social, que no requiere periodos de cotización previos en la Seguridad Social española.

El subsidio por desempleo a los emigrantes retornados se aplica al trabajador español emigrante que retorna a España desde de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no existe convenio sobre protección por desempleo, para lo cual se requiere tramitar previamente el Certificado de emigrante retornado expedido por las Áreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno en el que conste la fecha del retorno y el tiempo trabajado en el país de emigración.

Para acceder a este subsidio por desempleo, se requiere cumplir los siguientes requisitos:

a)   Haber trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en dichos países desde su última salida de España, y que no tenga derecho a la prestación por desempleo.

b)   Estar inscrito como demandante de empleo durante el plazo de un mes, en cuyo caso, la inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de duración del subsidio.

c)   No haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales (compromiso de actividad).

d)   Carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias (El salario mínimo interprofesional (SMI), de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018, es de 735,90 €).

La determinación de las rentas a los efectos del subsidio por desempleo para el emigrante retornado se computará por su rendimiento íntegro o bruto, salvo los rendimientos que procedan de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, que se computarán por la diferencia entre los ingresos y gastos necesarios para su obtención; y las ganancias patrimoniales que se computarán por la diferencia entre el precio de adquisición y el de la venta de los activos patrimoniales, excepto el de la vivienda habitual; el importe de los premios de lotería o similares; el rendimiento presunto del patrimonio, fondos de inversión o planes de jubilación, aplicando a su valor el tipo de interés legal del dinero vigente.

Este subsidio se tramita, previa cita, ante el SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) o en las oficinas de prestaciones y debe solicitarse dentro de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a la finalización del mes de inscripción como demandante de empleo, debiendo renovarse cada seis meses.

El subsidio por desempleo para emigrantes retornados, se concede durante seis meses, prorrogables por otros dos períodos de igual duración, hasta un máximo de 18 meses, siempre que se mantenga la condición de desempleado, no se haya rechazado una oferta de empleo adecuada ni se hubiere negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales (compromiso de actividad) y se cumplan con los requisitos de carencia de rentas, según los términos analizados.

El monto de la prestación por desempleo será el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Siendo el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) fijado en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, la cantidad de 537,84 €, se entiende que la prestación no contributiva por desempleo para el emigrante retornado ascenderá a 430.27 €, cuyo importe podrá minorarse proporcionalmente a los ingresos percibidos por el beneficiario, siempre que en su conjunto no superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional.

Este subsidio se utiliza únicamente a los trabajadores activos que hayan trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en dichos países desde su última salida de España y no a los jubilados que reciban pensiones de jubilación en terceros países, para quienes se aplicaría los llamados complementos por mínimo, para ajustar la jubilación a las pensiones mínimas establecidas en España.

 

ORLANDO ALVAREZ ARIAS

Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid

Profesor de Postgrado de la UCAB (Venezuela)

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